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Corte de Apelaciones de Rancagua concede Orden de No Innovar y paraliza expropiación a vecinos de Tuniche, Santa Cristina y La Moranina

Fue el pasado lunes 17 de julio cuando el Senador Juan Luis Castro y los vecinos acudieron al tribunal de alzada para presentar esta acción contra el Ministerio de Obras Públicas.

La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió a tramitación el Recurso de Protección y concedió la  Orden de No Innovar contra el Ministerio de Obras Públicas por el proyecto de ampliación de las Rutas H-10 y H-210, interpuesto por Senador Juan Luis Castro y vecinos de Tuniche, La Moranina, y Santa Cristina y que contempla la expropiación de sus terrenos a más de 80 familias de la zona.

La resolución, con fecha del 25 de julio y emanada de la Segunda Sala del tribunal de alzada, establece: “Atendido el mérito de los antecedentes, se hace lugar a la orden de no innovar solicitada, sólo en cuanto la recurrida no podrá realizar obras materiales en los terrenos de las familias en cuyo favor se recurre, mientras se tramite el presente recurso”.

«La Corte de Apelaciones ha dado una señal histórica al acoger la Orden de No Innovar, lo que significa que toda acción material que afecte a cualquier familia de las que hoy día reivindican su derecho a una vivienda digna y que han tenido riesgo de expropiación, que han dialogado hasta el cansancio para hacer ver su punto de vista; hoy la Corte de Apelaciones dice que no se pueden afectar en nada y toda acción que busque despejar de sus derechos  a estas familias quedará descartada mientras dure el proceso de investigación”, señaló el Senador Juan Luis Castro.

Precisó, que esta medida además permite profundizar el diálogo ya iniciado con la Ministra de Obras Públicas, Jessica López, “para reevaluar la totalidad de este proyecto y así nunca el avance de lo que son las obras viales, perjudique la vivienda ni el derecho a la dignidad de las personas y sus familias”.

El recurso, tiene como sustento la vulneración de los derechos a la propiedad y de la propiedad, toda vez que los vecinos serán despojados de terrenos que han sido legítimamente adquiridos, aunque no hayan pasado por el proceso de regularización como está establecido, pero entendiendo que son poseedores o al menos herederos en muchos casos.

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