De las 354 postulaciones revisadas durante la segunda sesión de 2026, 28 fueron aprobadas, 320 rechazadas y seis quedaron sin pronunciamiento tras la renuncia de los solicitantes. Los casos correspondían a personas privadas de libertad de cuatro establecimientos penitenciarios de la jurisdicción.
Solo 28 de las 354 solicitudes de libertad condicional analizadas por la Comisión de la jurisdicción de Rancagua fueron acogidas durante su segunda sesión de 2026, realizada entre el martes 13 y el jueves 15 de octubre.
Según los antecedentes entregados por la instancia, el 90,3% de las postulaciones fue rechazado, mientras que en seis casos no hubo pronunciamiento porque los postulantes renunciaron a continuar el proceso, debido a la proximidad del cumplimiento de sus condenas.
Cuatro recintos penitenciarios registraron solicitudes aprobadas
De las 28 personas que obtuvieron el beneficio, ocho pertenecían al Centro Penitenciario de Rancagua, ocho al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Rengo, siete al establecimiento de Santa Cruz y cinco al Centro de Detención Preventiva de Peumo.
La comisión fue presidida por el ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Michel González. También participaron los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua Hernán González y Sergio Allende; los magistrados del Juzgado de Garantía de Rancagua Felipe Izquierdo y Carolina Lazen, y la secretaria de la comisión y del tribunal de alzada, Andrea Alfaro.
¿Cuáles son los requisitos para postular a la libertad condicional?
El Decreto Ley 321, modificado por la Ley 21.124, establece los requisitos para acceder a este beneficio. Entre ellos se encuentran haber cumplido el tiempo mínimo de condena exigido por la ley —generalmente la mitad de la pena y dos tercios en determinados delitos graves—, mantener una conducta intachable en el establecimiento penitenciario y contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por profesionales del área técnica de Gendarmería de Chile.
Este informe considera factores de riesgo de reincidencia y antecedentes relacionados con la conciencia del delito, como parte de la evaluación de cada solicitud.
