La firma de decretos que beneficiaron a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores desató una controversia nacional. Entre los casos revelados por investigaciones periodísticas figura un médico condenado por abusos sexuales contra pacientes en la Región de O’Higgins. En respuesta a los cuestionamientos, el Ministerio de Justicia anunció la suspensión de la tramitación de nuevos decretos de rebaja de condena.
La entrega de rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes abrió una fuerte controversia nacional y puso al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bajo cuestionamiento. La polémica surgió tras conocerse que, desde marzo de 2026, la cartera había concedido 56 reducciones de pena: 27 por abuso sexual contra menores y 29 por violación.
Los antecedentes fueron revelados inicialmente por el medio Interferencia y posteriormente ampliados por otras investigaciones periodísticas, que dieron cuenta de casos en que las rebajas permitieron adelantar el término de las condenas y que algunos beneficiarios ya se encontrarían en libertad.
La controversia se centra en la aplicación de la normativa que regula la reducción de condenas por buena conducta. Aunque una reforma legal de 2022 excluyó del beneficio a personas condenadas por determinados delitos sexuales contra menores, el Ministerio sostuvo que la restricción no podía aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigencia, basándose en una interpretación de fallos de la Corte Suprema.
Durante la administración anterior, el criterio de la cartera había sido rechazar solicitudes de este tipo y permitir que los condenados recurrieran a los tribunales. La actual administración modificó ese criterio y concedió las rebajas mediante decretos administrativos, decisión que provocó cuestionamientos políticos y solicitudes de explicaciones sobre los antecedentes revisados en cada caso.
Un caso vinculado a la Región de O’Higgins
Entre los casos identificados por Reportajes Teletrece figura un médico condenado en octubre de 2022 por cuatro delitos de abuso sexual contra pacientes en la Región de O’Higgins. Según la investigación periodística, el caso incluyó cerca de 20 denuncias de mujeres y el condenado ya se encontraría en libertad tras la reducción de su pena.
La información sitúa a la región dentro de la controversia nacional. Sin embargo, es importante distinguir el lugar donde se cometieron los delitos del establecimiento penitenciario en que la persona cumplía condena y de su actual lugar de residencia, antecedentes que no son necesariamente coincidentes.
Hasta ahora, los antecedentes publicados permiten identificar este caso regional, pero no establecer que existan otros beneficiarios vinculados a O’Higgins sin una revisión adicional de los decretos y de los registros judiciales correspondientes.
Justicia suspendió la tramitación de nuevas rebajas
En medio de los cuestionamientos, el Ministerio de Justicia anunció el 23 de octubre la suspensión de la tramitación de nuevos decretos de rebaja de condena y el impulso de modificaciones legales para abordar las restricciones aplicables a personas condenadas por delitos sexuales contra menores.
La medida busca modificar el marco normativo para evitar que se sigan concediendo estos beneficios en casos anteriores a 2022. No obstante, el anuncio de suspensión no implica, por sí solo, que las rebajas ya otorgadas hayan quedado sin efecto.
La controversia también abrió interrogantes sobre la revisión de los antecedentes de los condenados, la aplicación de los criterios legales y las medidas de protección para las víctimas. La discusión se trasladó al ámbito político, mientras se esperan definiciones legislativas y mayores antecedentes sobre las decisiones adoptadas.
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