Un cambio profundo en uno de los sistemas más utilizados por la ciudadanía ya es una realidad en Chile. Desde el pasado 2 de abril comenzó a regir la nueva Ley de Notarías (Ley 21.772), normativa que moderniza el sistema notarial y registral, poniendo fin a los cargos vitalicios, estableciendo precios máximos y reforzando la fiscalización.
La reforma —impulsada tras años de debate legislativo— busca transparentar el funcionamiento de notarías, conservadores y archiveros, incorporando estándares que apuntan a mejorar la atención, facilitar trámites y fortalecer los derechos de las personas usuarias.
Uno de los cambios más relevantes es el nuevo sistema de nombramientos, que ahora se realizará mediante concursos públicos a través del Sistema de Alta Dirección Pública, reemplazando el modelo anterior. Además, se fija un límite de edad de 75 años para ejercer estos cargos, marcando el fin de su carácter vitalicio.
En paralelo, la normativa establece precios máximos para los servicios, los cuales serán definidos mediante un procedimiento técnico a cargo de los ministerios de Justicia, Hacienda y Economía. También se fijan obligaciones como el respeto de horarios de atención y estándares mínimos de infraestructura.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, destacó el impacto de la medida señalando que “la entrada en vigencia de la Ley de Notarías es muy importante porque dispone de una serie de aspectos que benefician a las personas, como, por ejemplo, los precios máximos que pueden ser cobrados por este tipo de instituciones son establecidos por Ley, se deben respetar los horarios de atención, se tienen que cumplir con una serie de estándares de seguridad, y además esta norma le entrega al SERNAC la facultad de poder fiscalizar la prestación de este tipo de servicios”.
La modernización también apunta con fuerza a lo digital. La ley obliga a estas instituciones a avanzar en la digitalización de registros, permitiendo el acceso remoto y gratuito a diversos documentos, lo que reducirá tiempos de espera y desplazamientos.
En esa línea, el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Karlfranz Koehler, valoró la iniciativa indicando que “fomenta transparencia y el acceso a la información, beneficiando a las personas que día a día debe realizar múltiples trámites ante las notarías, conservadores y los archiveros judiciales, resaltando además la obligación de la digitalización de los repositorios de escrituras públicas e instrumentos que deben realizar estas instituciones ahora, lo que sin duda implica un mejor servicio para todos los ciudadanos de la República”.
Otro de los pilares de la reforma es el fortalecimiento de la fiscalización. El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) asume un rol clave en la supervisión de la calidad del servicio y la protección de los derechos de los usuarios, mientras que la Fiscalía Judicial estará encargada de vigilar la conducta funcionaria e informar posibles faltas a las cortes de apelaciones.
De hecho, el SERNAC ya ofició a más de 500 notarías a nivel nacional y comenzó un proceso de monitoreo para verificar el cumplimiento de la nueva normativa, incluyendo fiscalizaciones presenciales y digitales.
La directora nacional (s) del organismo, Carolina González, subrayó los beneficios de la ley: “esta nueva ley es una excelente noticia para los consumidores porque pone fin a los cargos vitalicios y pone foco en los méritos en el nombramiento de los notarios, fortalece lo digital disminuyendo las filas, establece precios máximos y tarifas más claras, fortalece la transparencia a través de fiscalizaciones del SERNAC y de la Fiscalía Judicial y disminuye trámites innecesarios al eliminar alrededor de 12 gestiones que dejarán de requerir paso por notaría, facilitando la vida de las personas”.
Con esta reforma, el Estado busca no solo modernizar el sistema, sino también acercarlo a la ciudadanía, haciéndolo más accesible, transparente y acorde a las necesidades actuales.
