Ana López Dietz y Macarena Silva
Académicas de Trabajo Social, Universidad Central
Las cifras de desempleo en Chile muestran una realidad preocupante que afecta especialmente a las mujeres. A esto se suma una participación laboral con importantes índices de precarización y brechas salariales, que dejan en evidencia las desigualdades de género que estructuran el mundo del trabajo.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación nacional alcanza un 9,4%, mientras un tercio de las y los trabajadores se encuentra en situación de informalidad. Esto significa casi un millón de personas desempleadas, mientras que 2,5 millones se encuentran en situación de informalidad, quedando fuera de prestaciones como jubilación, salud, seguro de cesantía y otros.
Aún más grave es la situación que afecta a las mujeres, donde la desocupación supera el 10%, casi dos puntos porcentuales más que en los varones. En relación con la informalidad del empleo, esta alcanza al 28,8% de las trabajadoras, frente al 25,6% de los varones. También es crítica la realidad de las mujeres de entre 18 y 24 años, donde una de cada tres no consigue trabajo.
En cuanto a las remuneraciones, la mitad de las personas ocupadas recibe un salario que no supera los $680.000, mientras que para las mujeres este apenas alcanza los $600.253, con una brecha salarial de -21,7% respecto de los varones.
Estas cifras reflejan las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres, tanto a quienes están trabajando como a aquellas que se encuentran cesantes o buscando empleo. Asimismo, la división sexual del trabajo implica una sobrecarga de tareas domésticas y de cuidados. Diversos estudios indican que las mujeres dedican casi cinco horas diarias a este tipo de labores, dos horas más que los varones. Además, el 82% de las familias monoparentales tienen jefatura femenina, lo que implica una mayor vulnerabilidad para ellas y sus familias, exponiéndolas a la precarización de los cuidados y de la vida.
Las respuestas oficiales se enfocan en medidas de apoyo a las empresas, proponiendo subsidios para la contratación y beneficios tributarios, mientras el problema estructural se mantiene. Asimismo, los bonos dirigidos a las familias más vulnerables no son permanentes y, en ningún caso, representan un cambio estructural ni profundo frente a las problemáticas sociales cotidianas que enfrentan las mujeres y sus familias.
En este escenario, las soluciones propuestas vuelven a trasladar los costos sobre los salarios de las y los trabajadores para financiar un beneficio tan esencial como la sala cuna universal, que debería ser una responsabilidad colectiva. A ello se suman iniciativas como aumentar la flexibilidad laboral y la cantidad de horas de trabajo, además de disminuir las indemnizaciones por despido.
Las consecuencias de ello son precarizar aún más los derechos laborales, incrementando las jornadas efectivas de trabajo sin un aumento correlativo en los ingresos, lo que representa un claro retroceso en los derechos sociales y en la calidad de vida familiar.
Los datos entregados revelan las barreras sistémicas que enfrentan las mujeres en el mercado laboral, con bajos sueldos, precariedad y sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados. Es fundamental discutir mecanismos de financiamiento corresponsables y políticas públicas estructurales que no condicionen los derechos de las mujeres a la precarización de la clase trabajadora, garantizando un desarrollo laboral digno y equitativo.
