La formalización del exseremi de Salud de Coquimbo, Carlos Chandía Alarcón, reabrió el debate sobre las consecuencias legales de suplantar a un funcionario policial. Un académico de Derecho explica qué conductas sanciona la legislación chilena y por qué estos hechos afectan la confianza pública.
La detención y posterior formalización del exseremi de Salud de la Región de Coquimbo, Carlos Chandía Alarcón, luego de ser sorprendido realizando controles vehiculares con vestimenta similar a la de Carabineros y un vehículo equipado con balizas y otros elementos que simulaban un automóvil policial, volvió a poner en discusión los límites que establece la ley para quienes asumen funciones reservadas exclusivamente a las policías.
Durante la audiencia, la Fiscalía le imputó los delitos de usurpación de funciones policiales, uso indebido de uniforme institucional, porte de arma de fuego adaptable y receptación de una placa patente con encargo por robo. Posteriormente, el imputado recuperó su libertad tras pagar una caución de $2 millones, mientras la investigación continúa.
Suplantar a un policía puede constituir varios delitos
Para el académico de Derecho de la Universidad del Alba, Cristián Araya Pefaur, este caso refleja una conducta que el ordenamiento jurídico chileno sanciona con especial severidad debido al riesgo que representa para la seguridad pública.
“Cuando un particular se atribuye facultades que corresponden exclusivamente a Carabineros o la PDI y realiza actuaciones propias de ellas, como controles vehiculares, fiscalizaciones o procedimientos policiales, puede configurar el delito de usurpación de funciones públicas”, explicó.
El abogado precisó que la responsabilidad penal no depende únicamente de vestir un uniforme similar al institucional, sino de hacer creer a otras personas que se ejerce una autoridad que en realidad no se posee.
“Lo verdaderamente relevante es inducir a terceros a creer que se tiene una autoridad que en realidad no existe. Cuando esa apariencia se utiliza para impartir órdenes, controlar personas o ejercer funciones reservadas a funcionarios públicos, la responsabilidad penal aumenta considerablemente”, sostuvo.
Asimismo, aclaró que la Fiscalía no necesita acreditar que existió un beneficio económico para perseguir este tipo de hechos, ya que basta con asumir funciones que la ley reserva a las policías.
Uniformes, insignias y placas también están protegidos por la ley
El especialista señaló que el uso indebido de uniformes, insignias, placas o distintivos institucionales constituye un aspecto especialmente sensible, ya que puede inducir a error a la ciudadanía y facilitar que las personas obedezcan instrucciones creyendo que provienen de una autoridad legítima.
“La ciudadanía debe tener la certeza de que quien porta esos distintivos pertenece efectivamente a la institución”, indicó.
El porte de armas puede agravar la responsabilidad
Uno de los antecedentes considerados durante la formalización fue la presencia de armamento entre los elementos incautados al imputado.
Según Araya, si una persona porta armas de fuego, armas adaptadas o cualquier elemento que infrinja la Ley de Control de Armas, puede enfrentar delitos independientes de la usurpación de funciones.
“Una persona puede enfrentar simultáneamente varios delitos derivados de un mismo hecho. Será el Ministerio Público quien determine si las armas estaban adaptadas para disparar munición o si su porte infringía la normativa vigente”, afirmó.
Un llamado a verificar la identidad de los funcionarios
Más allá de las eventuales sanciones que pueda enfrentar el exseremi, el académico sostuvo que este tipo de conductas también afecta la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones encargadas de la seguridad.
Por ello, recomendó que, ante cualquier procedimiento que genere dudas, las personas soliciten la identificación institucional del funcionario y, si persisten las sospechas, contacten directamente a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones (PDI) antes de entregar documentación personal o seguir instrucciones.
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