Más de un millón de personas extranjeras trabajan actualmente en el país. Sin embargo, las empresas que no verifiquen sus autorizaciones para realizar actividades remuneradas se exponen a sanciones económicas por cada trabajador contratado.
Contratar a un trabajador extranjero sin contar con la autorización migratoria correspondiente puede convertirse en un problema millonario para las empresas en Chile. Las multas pueden llegar hasta las 200 UTM por cada persona contratada, según la Ley de Migración y Extranjería.
La advertencia cobra relevancia en un escenario donde 1.017.832 personas extranjeras están ocupadas en el mercado laboral chileno, equivalentes a cerca del 11% del total de trabajadores, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Uno de los principales errores es asumir que basta con que la persona haya ingresado regularmente al país o tenga una solicitud de residencia en trámite. Sin embargo, los empleadores deben verificar que cuente con una autorización que le permita desarrollar actividades remuneradas.
“Antes de contratar a una persona extranjera es fundamental verificar su habilitación laboral”, explica Camila Garrido, directora del Área de Corporativo Laboral de Provoste Matamala Abogados.
La obligación no termina con la firma del contrato. Las empresas también deben registrar el documento ante la Dirección del Trabajo dentro de los 15 días hábiles siguientes a su celebración y mantener actualizada la documentación migratoria durante toda la relación laboral.
Además, las compañías con más de 25 trabajadores deben considerar la norma que establece que al menos el 85% de su personal debe ser de nacionalidad chilena, con las excepciones contempladas en la legislación.
Desde el ámbito legal advierten que tener un contrato firmado o pagar las cotizaciones previsionales no reemplaza el permiso migratorio necesario para trabajar.
“Una revisión preventiva puede evitar sanciones económicas y contingencias que terminan afectando directamente a la organización”, advierte Garrido.
