Una presunta red habría robado cobre desde instalaciones mineras y tendidos eléctricos para venderlo en mercados informales. El operativo incluyó allanamientos en cuatro comunas y permitió incautar vehículos, dinero y municiones.
Una investigación de más de seis meses terminó este martes con 61 personas detenidas en la Región de O’Higgins, en el marco de la Operación Veta Roja, procedimiento de la PDI y la Fiscalía contra una presunta organización dedicada al robo y comercialización ilegal de cobre.
La prefecta de Cachapoal, Arlette Prado, informó que 57 de los detenidos corresponden a sujetos de interés o blancos investigativos. El operativo contempló cerca de 60 órdenes de entrada y registro en inmuebles de Machalí, Coya, Rancagua y Graneros.
Entre las especies incautadas se encuentran unos 300 kilos de cobre, 10 vehículos, más de $9 millones en efectivo, municiones y otros elementos vinculados a la investigación, según informó la Seremi de Seguridad Pública.
Del robo a la venta informal
De acuerdo con los antecedentes entregados por las autoridades, la organización habría sustraído cobre desde instalaciones mineras y tendidos eléctricos, para luego trasladarlo y comercializarlo en mercados informales de la región y de otros puntos del país.
El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, explicó que la investigación surgió del trabajo del Sistema de Análisis Criminal y de la mesa público-privada contra el robo de cables. La banda habría operado durante cerca de dos años y la causa contempla delitos como asociación criminal, receptación y lavado de activos.
Codelco informó que el proceso considera 36 denuncias por robo y hurto presentadas desde marzo, que afectan a División El Teniente y a empresas colaboradoras. La estatal señaló que ha colaborado con la PDI y la Fiscalía y que ejercerá las acciones judiciales correspondientes.
Durante el procedimiento también fueron detenidos dos trabajadores vinculados a El Teniente, según lo informado en el punto de prensa. El fiscal de Análisis Criminal, Carlos López, señaló que uno de los presuntos involucrados sería un exfuncionario de Carabineros que habría tenido un rol en la coordinación de la compra y venta de especies robadas.
La investigación incluye delitos que pueden conllevar penas de cárcel, pero las autoridades no precisaron en el balance las sanciones que solicitarán para cada imputado. Las responsabilidades deberán establecerse en el proceso judicial y se mantiene la presunción de inocencia.
El seremi de Seguridad Pública, Nicolás Muñoz, y la seremi de Energía, Alejandra Avendaño, destacaron la coordinación entre instituciones y empresas afectadas. El robo de cables y cobre puede impactar la infraestructura eléctrica, los servicios y la vida cotidiana de las comunidades.
