Economista de la UOH sostiene que el reajuste proyectado para 2026 podría verse absorbido por inflación, alzas en combustibles y restricciones fiscales.
La discusión sobre el reajuste del salario mínimo volvió a instalar el debate sobre el verdadero poder adquisitivo de los trabajadores en Chile. La propuesta del Ejecutivo de elevar el ingreso mínimo a $546.546 durante 2026 enfrenta cuestionamientos respecto a su capacidad real para responder al aumento sostenido del costo de vida y a un escenario económico marcado por incertidumbre internacional y ajustes internos.
El economista y académico de Ingeniería Comercial de la Universidad de O’Higgins, Pablo Peña, advirtió que el incremento proyectado podría resultar insuficiente frente al impacto de la inflación, el alza de los combustibles y las restricciones fiscales que enfrenta el país.
“El aumento salarial se ve tensionado por dos procesos simultáneos: una política fiscal contractiva y un entorno internacional adverso. Ambos factores elevan costos, restringen el gasto y generan un clima de cautela que termina afectando directamente los ingresos de los hogares”, explicó el académico.
Según detalló el especialista, el ajuste del gasto público —que incluye recortes en subsidios, programas sociales y modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO)— ya está generando efectos visibles en áreas sensibles para las familias, como transporte, alimentos y comercio.
A ello se suma el impacto internacional derivado de la guerra en Oriente Medio, fenómeno que mantiene presionados los precios de los hidrocarburos y aumenta el riesgo de desaceleración económica global.
“Las condiciones restrictivas probablemente se mantendrán durante 2026, incluso si la situación en el Golfo Pérsico se estabiliza en el corto plazo”, sostuvo Peña.
Productividad estancada y empleo precario
El académico planteó además que el problema no responde únicamente a factores coyunturales, sino también a una situación estructural relacionada con el estancamiento de la productividad laboral en Chile durante los últimos quince años.
En ese contexto, indicó que el crecimiento de las remuneraciones nominales cercano al 6% durante 2025 convive con un aumento real limitado y un desempleo cercano al 8,5%, reflejando un mercado laboral frágil y con alta presencia de empleos precarios.
“Sin avances en inversión, capital humano y competitividad, los salarios seguirán creciendo de forma limitada y con baja incidencia en el poder adquisitivo de las personas”, afirmó.
Incentivos y medidas económicas
Frente a este escenario, el economista sostuvo que el desafío del gobierno será implementar medidas capaces de amortiguar el impacto económico sobre las familias, incentivando la inversión y fortaleciendo el empleo.
Entre las propuestas, mencionó estímulos tributarios, mayor certeza regulatoria y mejoras en la eficiencia de servicios públicos como transporte, salud y educación.
“El desafío consiste en aplicar políticas que incentiven la inversión y la contratación. Sin este tipo de medidas, los ajustes macroeconómicos terminarán recayendo con toda su fuerza sobre los presupuestos familiares durante 2026”, concluyó el especialista.
