La medida busca fortalecer la coordinación entre Educación, Seguridad y Carabineros para prevenir hechos de violencia en establecimientos educacionales. Mientras autoridades destacan el trabajo preventivo, el Colegio de Profesores advierte que la crisis también requiere apoyo en salud mental y convivencia escolar.
A un mes del crimen que conmocionó a la comunidad del Instituto Obispo Silva Lezaeta, donde una inspectora perdió la vida, el Gobierno concretó la firma de un convenio entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad Pública y Carabineros de Chile para reforzar la seguridad en establecimientos educacionales.
El acuerdo contempla coordinación permanente entre instituciones, mesas regionales de trabajo y acciones preventivas en colegios y liceos, además de charlas, talleres y capacitaciones enfocadas en la prevención de riesgos y la convivencia escolar.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, afirmó que “este convenio es una prueba de que las escuelas no están solas”, destacando el trabajo conjunto con las policías y el Ministerio de Seguridad para enfrentar hechos de violencia en recintos educacionales.
En la misma línea, el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, sostuvo que el acuerdo busca entregar herramientas concretas a los establecimientos. “Estamos conscientes de que hay casos en que la violencia es extrema y no es algo que el establecimiento pueda ni debe resolver”, señaló.
En la Región de O’Higgins, el seremi de Educación, Jorge Abarzúa Cubillos, indicó que la región ya trabaja en una mesa multisectorial de seguridad junto a autoridades y policías. “La seguridad en nuestras comunidades educativas es una prioridad y la estamos abordando con responsabilidad y sentido de urgencia”, afirmó.
La autoridad agregó que el convenio “viene a reforzar un camino que en O’Higgins ya iniciamos”, destacando las acciones preventivas y el apoyo a las comunidades escolares.
Pese a ello, desde el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile han planteado que las medidas siguen siendo insuficientes si no se aborda también la salud mental y el desgaste emocional que afecta a estudiantes, docentes y asistentes de la educación.
Desde el gremio sostienen que la violencia escolar no solo requiere mayor presencia policial o protocolos de seguridad, sino también inversión en apoyo psicosocial, convivencia escolar y acompañamiento permanente para las comunidades educativas.
El debate surge en medio de una creciente preocupación por los episodios de violencia registrados en distintos establecimientos del país y por las condiciones en que hoy conviven estudiantes y equipos educativos.
