Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua absolvió a ex usuario de cannabis medicinal
A tres años de ser detenido por microtráfico de drogas, el Tribunal Oral en Lo Penal de Rancagua absolvió de los cargos al ex candidato a concejal por Doñihue, Nicolás Bustamante.
En la causa, la fiscalía solicitó cinco años de presidio menor en su grado máximo, accesorias legales, multa de 20 UTM, más costas de la causa. En su alegato de apertura, el Ministerio Público argumentó que “la causal de justificación sólo se refiere al cultivo, y acá estamos hablando de cosecha, por lo que no podría ser extensiva sino al punto que se refiere.”
La defensa, ejercida por el defensor penal público Oscar Ortega, en su apertura señaló que “hoy existe un consenso y un reconocimiento legal del uso medicinal de la marihuana.” En esa línea, el abogado agregó que pediría por la absolución de Nicolás porque “queda acreditado que esta plantación, este cultivo, se enmarca dentro de un tratamiento médico”.
Tras el juicio oral, Nicolás Bustamante declaró que ahora está “un poco más tranquilo, por fin estoy absuelto de esta injusticia que no sólo me hizo un daño a mí, también a mi familia y entorno.”
Bustamante agradeció a la ex directora de Fundación Daya y actual diputada por el Distrito 12, Ana María Gazmuri, “por acompañar en todo momento durante el proceso” y le pidió “no bajar los brazos por la causa” que defiende a los pacientes y su derecho al autocultivo de cannabis.
Tras el fallo, la fundadora de la Bancada Transversal Regulación por la Paz, declaró que “sorprende que la fiscalía persevere en esta persecución, toda vez que tiene a la vista la nueva norma, promulgada el 23 de mayo del año pasado, en que queda claro que un paciente que tiene su receta médica no debe ser sometido a este tipo de procesos, ya que no está cometiendo ningún delito”.
Por otro lado, la parlamentaria cuestionó los alegatos del Ministerio Público, en particular, el referido a que “la causal de justificación sólo se refiere al cultivo, y acá estamos hablando de cosecha”.
Finalmente, Gazmuri remarcó que “esperamos que este caso ayude a cerrar el círculo, se deje de perseguir a personas inocentes y se destinen de forma eficiente los recursos para perseguir el crimen organizado”.
Por su parte, el defensor penal público Oscar Ortega, detalló que los magistrados “acogieron la postura de la defensa al entender que la droga, encontrada en poder de mi representado, se enmarca dentro de un tratamiento médico”, señalando al Tribunal como elementos para adoptar la decisión, “que la propia legislación no determina la cantidad de droga, sino que se exige que sea proporcional al tratamiento establecido.”
