Los directores de la Salud Municipal agrupados en ADISAM condenaron los hechos de corrupción que incluyen la presentación de licencias médicas para fines antiéticos que hoy mantienen al aparato público en tela de juicio tras el informe de Contraloría General de la República que asegura que más de 25 mil licencias médicas habrían sido ocupadas de forma irregular por funcionarios públicos en todo el país entre los años 2023 y 2024.
Esto tras distintas voces que han salido al paso de los cuestionamientos que incluyen incluso alcaldes y funcionarios públicos en las 50 reparticiones del Estado afectadas por el fraude.
En este sentido, la ADISAM señaló que “ junto con manifestar su rechazo a las malas prácticas que se mantienen en el aparato público del país y que hoy se expresa en el uso fraudulento de las Licencias Médicas, afectando no sólo a la imagen de los funcionarios y funcionarias públicos, sino que, afectando también al patrimonio fiscal, queremos exigir a quienes ostentan el poder ejecutivo, judicial y legislativo arbitrar las medidas para que este flagelo no quede impune, generando además las iniciativas normativas que correspondan para evitar que este tipo de aprovechamientos y otros se mantengan en el tiempo”.
Asimismo compartieron su preocupación ante lo que llaman “el escenario de de corrupción instalado en la administración pública, que hasta la fecha, había quedado en la impunidad, también se ha extendido al prolongado uso de licencias médicas que puede llegar a años de reposo médico y una evidente nula recuperación de la salud, afectando las dotaciones y con ello la gestión de la salud primaria y retardando la entrega de soluciones definitivas a quienes están verdaderamente afectados en su salud”.
También se pusieron a disposición del Estado para ser parte activa de los procesos que se requieran para la modificación de la normativa vigente dado a que sus profesionales cuentan con el conocimiento y experiencia de las realidades y necesidades en cada territorio, con el fin de que se pueda avanzar
“hacia un nivel superior de control y hacia una cultura de servicio público basado en una ética funcionaria intachable en que el objetivo superior sea siempre la mejor atención a nuestros usuarios y usuarias, quienes son el motivo de nuestra existencia y accionar, cuidando para ello los escasos recursos que disponemos para la gestión”, manifestaron.
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